El 27 % de las personas con discapacidad tiene dificultades económicas para llegar a fin de mes
El XIII Informe El Estado de la Pobreza en España, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en formación e inclusión sociolaboral para revertir unas cifras más negativas que las del ámbito de la no discapacidad sobre las dificultades para llegar a fin de mes.
Hay una diferencia de más de ocho puntos porcentuales con las personas sin discapacidad
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), organismo estatal para conocer, analizar y difundir información relacionada con el ámbito de la discapacidad, asegura que, a tenor de los datos recabados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), en 2022 el 27 % de las personas con discapacidad tenían dificultades económicas, frente al 18,8 % de las personas sin discapacidad.
Según el citado estudio, el 30 % de la población de las personas con discapacidad estaba en 2022 riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), es decir, tres de cada diez personas del colectivo se encontraban en dificultades económicas. No obstante, hay que reconocer que se ha producido paulatinamente un descenso del 5,4 % en las tasas registradas en ejercicios anteriores.
Los datos ponen de manifiesto la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad en el día a día. Un aspecto significativo: cuatro de cada diez personas con discapacidad no pueden afrontar un gasto imprevisto de 800 euros (una avería, una fianza, un tratamiento médico privado, etc.).
Por edad y género, los datos coinciden con la situación social general: existe una mayor tasa de riesgo de pobreza entre los grupos más jóvenes y más baja a medida que la edad aumenta. Del mismo modo, hay una mayor tasa de riesgo de pobreza entre las mujeres con discapacidad (31,3 %) que entre los hombres (28,2 %).
La pobreza severa afecta al 8,2 % de las personas con discapacidad
Por otra parte, el estudio destaca el alarmante dato de que el 8,2 % de las personas con discapacidad está en pobreza severa (este porcentaje es ligeramente mayor que el de las personas sin discapacidad, del 7,9 %).
Por pobreza severa se entiende la imposibilidad de, por ejemplo, ir de vacaciones, tener automóvil, internet, reponer muebles y ropa estropeados, gastar en ocio personal o con conocidos, comer carne, pollo pescado al menos cada dos días, mantener la vivienda con temperatura, pagar a tiempo vivienda y suministros como luz, agua, gas, etc.
Entre las principales conclusiones del informe están que el crecimiento económico general de la economía española no resulta suficiente para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Sin ir más lejos, en lustros como el de 2014 a 2019, el PIB per cápita creció un 19 %, mientras que esta tasa solo se redujo un 1,5 %.
Otra conclusión interesante es “la constatación de la enorme importancia que tiene la función redistribuidora de la Administración pública para el sostenimiento de la calidad de vida del conjunto de la población. En este sentido, si no existieran transferencias públicas (incluidas pensiones), la desigualdad sería mucho más elevada y casi la mitad de la población española estaría en situación de pobreza”.
Los datos ponen de manifiesto que Administraciones y CEE tienen mucho que hacer
Sobre todo, los datos muestran que hay mucho trabajo por delante. “España está lejos de mantener una reducción proporcional adecuada de sus tasas de pobreza y/o exclusión para conseguir el objetivo comprometido en la Agenda 2030; en este sentido, tiene unos 1,8 millones de personas más de las que debería tener para cumplirlo”.
Además, la evolución claramente negativa de algunos indicadores augura un proceso de regresión si no se implementan medidas adecuadas y potentes por parte de los agentes sociales comprometidos. En este sentido, el papel de las Administraciones resulta fundamental, en el ámbito estatal, regional y local.
No obstante, el sector privado también tiene mucho que decir. Como lleva demostrando tres décadas, SIFU supone una herramienta eficaz para lograr una inclusión sociolaboral eficaz, que redunda en una independencia económica para las personas con discapacidad, el mejor antídoto contra estas cifras de pobreza y exclusión social.
En un mercado laboral tan competitivo y con cifras de desempleo tan elevadas, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, SIFU apuesta por un acompañamiento integral de la persona, mucho más allá del mero empleo: selección, formación especializada, integración en la empresa protegida pero siempre con la vista puesta en la ordinaria, seguimiento personalizado tanto del puesto de trabajo como de la empresa donde desempeña su labor…
La inclusión social y la independencia personal pasan por una efectiva inserción laboral, pero no a cualquier precio, sino con unas buenas condiciones y una adaptación acorde con las capacidades únicas de cada persona. Los centros especiales de empleo, como SIFU, poseen la experiencia y los recursos necesarios para lograrlo.