Novedades en la Ley sobre discapacidad y dependencia
El año pasado terminó con el inicio del proceso legislativo, en el Senado, para reconocer de forma automática un 33 % de discapacidad a las personas con grado de dependencia. Pero no ha sido lo única novedad normativa relevante en 2023, pues se han ajustado las equivalencias entre incapacidad permanente y discapacidad o, sin ir más, lejos, se han modificado los grados de discapacidad a efectos administrativos.
Las personas con grado de dependencia verán reconocida automáticamente un 33 % de discapacidad
De nuevo la discapacidad ha logrado una siempre difícil unanimidad de las fuerzas políticas a la hora de legislar o modificar normativas. Un pleno del Senado del pasado mes de diciembre aprobó por una amplia mayoría la toma en consideración de una proposición no de ley que pide reformar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGD) para que a las personas valoradas con algún grado de dependencia se les reconozca un 33 % de discapacidad de forma automática.
“La persona con discapacidad no tiene por qué ser considerada dependiente, pero es claro que una persona reconocida con un grado de dependencia sí tiene una discapacidad”, explicó Bienvenido de Arriba, senador del PP, partido responsable de la moción. El objetivo es “evitar duplicar un proceso arduo, de entrevistas, valoraciones y exámenes”, con la reducción de las listas de espera en el punto de mira.
Este trámite legislativo supuso un esperanzador broche a un año en el que se han producido importantes modificaciones y avances en el cuerpo legislativo que atañe al mundo de la discapacidad. El más significativo fue la entrada en vigor, el pasado 20 de abril, del nuevo Baremo de Discapacidad.
El nuevo Baremo de Discapacidad 2023 tiene en cuenta otras realidades del colectivo
El real decreto específico, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, ha supuesto un enorme salto adelante, pues, además de definir nuevos grados, ha incluido otros aspectos importantes hasta ahora obviados.
En lo que respecta a los grados, frente a los anteriores (RD 1971/1999), que iban del 1 al 5, ahora van del 0 (discapacidad 0-4 %) al 4 (96- 100 %), con intervalos intermedios del 5-24 %, 25-49 % y 50 -95 %.
Este nuevo baremo tiene en cuenta otras realidades de la discapacidad, como pueden ser todas aquellas de carácter psicosocial, las enfermedades raras o el autismo. A la hora de aplicar la fórmula para determinar el grado de discapacidad entran en juego varios baremos: evaluación de las funciones y estructuras corporales/deficiencia global de la persona (BDGP), evaluación de las capacidades/limitaciones de la actividad (BLA), evaluación del desempeño/restricciones en la participación (BRP-QD) y evaluación de los factores contextuales/barreras ambientales (BFCA). Además, se analiza el baremo BLGTAA, que hace referencia a la dependencia de terceros, y el BLAM, para certificar la movilidad reducida.
Además, este real decreto incluye otras importantes novedades, como la posibilidad de tramitar de urgencia la valoración. Por su parte, los menores con discapacidad quedan facultados para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, con asistencia y apoyos adaptados a su realidad y siempre con las mismas condiciones que los adultos. Y a efectos prácticos, se permite el acompañamiento en el proceso de determinación del grado o, incluso, su realización por vía telemática sin las condiciones de la persona lo hacen necesario.
La Ley de Empleo de 2023 ha supuesto cambios significativos para el colectivo de la discapacidad
Entre las ventajas de la incapacidad permanente está que con ella se concede de forma automática el 33 % de discapacidad por parte de la Seguridad Social. Sin embargo, hasta el pasado mes de febrero, este reconocimiento no equivalía al grado expedido por los servicios sociales, lo que provocaba distorsiones en el sistema.
Además, en 2018 el Tribunal Supremo anuló en una sentencia que la incapacidad permanente englobara el acceso al mercado laboral para personas con discapacidad. Esto se tradujo en un importante número de despidos entre el colectivo. Ahora, desde el 1 de marzo de 2023 está ventaja vuelve a estar vigente.
Gracias a esta mejora, el esfuerzo por la inclusión laboral que llevan a cabo Administraciones y centros especiales de empleo como Grupo SIFU tiene un mayor apoyo legislativo y, por tanto, facilita la mejora de la vida profesional y personal de las personas con discapacidad.
